Los socialistas proponen que los vecinos decidan el destino de al menos el 15% de las inversiones municipales y rebajar los requisitos para impulsar iniciativas populares
Gijón/Xixón, 3 de junio de 2026. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón/Xixón ha presentado 19 enmiendas al proyecto de Reglamento de Participación Ciudadana con el objetivo de ampliar los derechos de participación, reforzar la transparencia y facilitar una implicación más directa de la ciudadanía en la toma de decisiones municipales.
El concejal socialista Jacobo López criticó el texto elaborado por el Gobierno local al considerar que mantiene un modelo «obsoleto» y poco ambicioso. Según explicó en rueda de prensa, el borrador apenas introduce novedades respecto al reglamento anterior y concentra el control de los procesos participativos en el Ejecutivo municipal.
«Han necesitado tres años para presentar un reglamento que ni es innovador, ni es más inclusivo, ni es más participativo. Es el reglamento de un gobierno que no cree en la participación real», afirmó López, quien también reprochó la ausencia de una negociación previa con los grupos políticos y de espacios de debate para consensuar propuestas.
Entre las principales modificaciones planteadas por el PSOE figura el reconocimiento expreso de la participación ciudadana como un derecho individual que puede ejercerse tanto de forma directa como a través de asociaciones y colectivos. Además, los socialistas proponen extender la participación en todos los procesos municipales a las personas mayores de 16 años y garantizar mecanismos específicos para la infancia y la juventud.
En este ámbito, las enmiendas incluyen la creación de un Pleno infanto-juvenil, la reserva de una partida mínima de 300.000 euros para proyectos impulsados por niños, niñas y jóvenes, y la consulta obligatoria al Consejo de la Juventud en aquellos asuntos que afecten a este colectivo.
Otra de las propuestas destacadas es la reducción de los apoyos necesarios para promover iniciativas ciudadanas. Frente al requisito del 10% de la población contemplado en el borrador del Gobierno, el PSOE plantea rebajar los porcentajes hasta el 1% para las iniciativas populares, el 2% para la elaboración de normas municipales y solicitudes de audiencia pública, y el 3% para promover consultas populares.
Los socialistas también reclaman mayores recursos para hacer efectiva la participación. Entre sus propuestas figuran la creación de un servicio municipal específico, personal especializado en los centros municipales, asistencia presencial para personas mayores o con discapacidad y una plataforma digital de participación ciudadana.
En materia de transparencia, las enmiendas incluyen la retransmisión en directo de las audiencias públicas, la posibilidad de intervenir telemáticamente con los mismos efectos que la participación presencial y la publicación de las actas en un plazo máximo de quince días. Asimismo, reclaman que se hagan públicas las actas de la Junta de Gobierno, las comisiones plenarias y los consejos de administración municipales.
El PSOE también plantea reforzar los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas mediante la publicación de los resultados de los procesos participativos, detallando qué propuestas son aceptadas y cuáles se rechazan, junto con la correspondiente justificación. Además, propone crear una comisión de seguimiento sin mayoría gubernamental integrada por representantes políticos, personal técnico y ciudadanía.
Uno de los puntos centrales de las enmiendas es la recuperación y fortalecimiento de los presupuestos participativos. Los socialistas plantean que la ciudadanía pueda decidir el destino de al menos el 15% de las inversiones municipales, reservando además una parte de esos recursos para decisiones adoptadas en los distritos.
La propuesta contempla también la celebración de un proceso participativo cada cuatro años para establecer las prioridades inversoras del mandato, acompañado de mecanismos de seguimiento periódico sobre la ejecución de las actuaciones aprobadas.
Para Jacobo López, el reglamento debe convertirse en una herramienta que garantice una participación ciudadana efectiva y no limitarse a procesos consultivos sin capacidad real de influencia en las decisiones municipales.
