Los socialistas aseguran que la deuda podría superar los dos millones de euros y reclaman explicaciones al Gobierno municipal
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón ha denunciado que la Empresa Municipal de Aguas (EMA) lleva cerca de dos años sin reclamar la deuda vencida que mantienen empresas y particulares con la entidad, una situación que, a su juicio, podría ocasionar un importante perjuicio económico para las cuentas públicas.
En una rueda de prensa celebrada este miércoles, el concejal Ramón Tuero aseguró que desde mayo de 2024 dejaron de remitirse las reclamaciones por recibos impagados y tampoco se ha activado la vía de apremio para las deudas que superan los 120 días de antigüedad.
Según explicó, el procedimiento habitual debería incluir distintas fases de reclamación, devoluciones bancarias, requerimientos ordinarios y certificados, además de la posibilidad de negociar aplazamientos de pago con las personas que atraviesen dificultades económicas.
El edil socialista afirmó que el Grupo Municipal ha solicitado información en varias ocasiones —en diciembre de 2025 y en marzo y junio de 2026— sobre la evolución de la deuda de la EMA y su desglose por conceptos, sin que, según sostiene, el Gobierno local haya facilitado datos detallados.
Tuero señaló que cuando dejaron de enviarse las reclamaciones la deuda histórica vencida rondaba el millón de euros y advirtió de que actualmente podría superar los dos millones de euros. Asimismo, aseguró que una situación similar afecta a EMULSA, donde, según indicó, tampoco se estaría reclamando la deuda vencida.
El concejal responsabilizó de esta situación al presidente de la EMA, al director gerente y al director económico de la empresa municipal, a quienes acusó de una gestión «negligente» que, en su opinión, pone en riesgo la situación financiera de la entidad.
Por ello, el PSOE reclama al Gobierno municipal que informe con transparencia sobre la evolución de la deuda vencida y de la posible deuda prescrita durante los dos últimos años, cuantifique el eventual perjuicio económico para las empresas públicas y reactive cuanto antes los mecanismos de reclamación de los impagos.
