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La propuesta conjunta de Izquierda Unida y Podemos reclamaba que el Gobierno municipal desistiera del procedimiento presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias
El Pleno del Ayuntamiento de Gijón rechazó la proposición conjunta presentada por los grupos municipales de Izquierda Unida y Podemos para instar al Gobierno local a retirar el recurso interpuesto contra la declaración de La Arena y Cimavilla como zonas de mercado residencial tensionado.
La iniciativa pedía desistir del procedimiento presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Sin embargo, no consiguió los apoyos necesarios para salir adelante.
Durante el debate volvieron a confrontarse los dos principales modelos planteados para afrontar el problema de acceso a la vivienda: la intervención sobre los precios y las condiciones del alquiler, defendida por los grupos proponentes, y el incremento de la oferta mediante la construcción y movilización de nuevas viviendas, planteado por el Gobierno municipal.
IU y Podemos defienden los efectos de las zonas tensionadas
Podemos justificó la proposición por la necesidad de actuar ante el incremento de los alquileres y criticó que el Ayuntamiento esté obstaculizando una medida que, a juicio del grupo, puede contribuir a proteger a los inquilinos.
Su portavoz citó los resultados registrados en territorios del País Vasco y Cataluña donde ya se han declarado zonas tensionadas. Según los datos expuestos durante el Pleno, en algunos de esos municipios se habría producido una moderación o una reducción de las rentas.
También rechazó las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento y cuestionó que la declaración realizada por la Administración autonómica pueda considerarse unilateral, al entender que la aplicación de la Ley estatal de Vivienda corresponde al Principado.
Los grupos proponentes recordaron, además, que el Pleno gijonés había acordado en 2023 solicitar la declaración de La Arena y Cimavilla como zonas tensionadas, una postura que posteriormente fue modificada por el Gobierno local.
Izquierda Unida señaló que las actuaciones relacionadas con la declaración de estas zonas tuvieron su origen en acuerdos y documentos impulsados desde el propio Ayuntamiento. Javier Suárez Llana también reprochó al Ejecutivo municipal que inicialmente apoyara la tramitación y posteriormente presentara alegaciones y acudiera a los tribunales.
El Gobierno municipal apuesta por aumentar la oferta
El Gobierno local defendió que el acceso a la vivienda constituye uno de los principales problemas de la ciudadanía, aunque rechazó que la limitación de los precios del alquiler sea la herramienta adecuada para solucionarlo.
El portavoz del Ejecutivo, Jesús Martínez Salvador, argumentó que la declaración de una zona tensionada no genera por sí misma nuevas viviendas. Frente a este modelo, defendió la necesidad de movilizar suelo, promover vivienda protegida, colaborar con la iniciativa privada y facilitar la construcción de nuevas promociones.
Martínez Salvador puso como ejemplo el denominado Plan Llave y reclamó la colaboración del Principado para desarrollar promociones vinculadas al Plan Estatal de Vivienda.
Durante su intervención sostuvo que, ante una demanda superior a la oferta disponible, el objetivo debe ser aumentar el número de inmuebles en el mercado. También citó el caso de A Coruña para advertir de posibles consecuencias negativas de estas declaraciones.
Según los datos expuestos por el portavoz municipal, en esa ciudad se habría registrado una moderación de los alquileres inferior al 10%, pero también una reducción significativa de los nuevos contratos permanentes y un aumento proporcional de las viviendas destinadas a otros usos. Estas cifras fueron utilizadas por el Gobierno para defender la necesidad de actuar con prudencia.
El recurso continuará en los tribunales
En relación con el procedimiento judicial, el Gobierno municipal aseguró que existen dudas jurídicas sobre la declaración de La Arena y Cimavilla que deben ser resueltas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Martínez Salvador consideró que retirar el recurso antes de que exista un pronunciamiento judicial sería una decisión irresponsable y defendió que las administraciones tienen derecho a acudir a los tribunales cuando discrepan sobre la legalidad de una resolución.
El Ejecutivo también criticó el anuncio de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos de estudiar la posible ampliación de la declaración a otras áreas de Gijón. El Gobierno reclamó más colaboración institucional y diálogo para abordar la política de vivienda.
El PSOE respalda la propuesta
El Grupo Municipal Socialista apoyó la iniciativa de IU y Podemos y defendió que la crisis de la vivienda debe afrontarse mediante diferentes herramientas con efectos a corto, medio y largo plazo.
Durante el debate, el PSOE sostuvo que la declaración de zonas tensionadas puede contribuir a moderar los alquileres mientras se desarrollan otras políticas destinadas a incrementar el parque público y privado de vivienda.
También recordó que el Tribunal Constitucional ha avalado diferentes aspectos de la Ley de Vivienda y rechazó que las limitaciones previstas puedan calificarse como una expropiación de la propiedad.
El grupo socialista señaló que el problema afecta de manera transversal a la ciudadanía, especialmente a jóvenes, familias trabajadoras y personas con menos recursos económicos, y anticipó que administraciones gobernadas por partidos de distinto signo político podrían terminar solicitando este instrumento.
Rechazo a la intervención del mercado
Los grupos contrarios a la propuesta advirtieron de que el control de los precios puede desincentivar a los propietarios, reducir la oferta de alquiler permanente y provocar el traslado de viviendas hacia el alquiler turístico o de temporada.
Durante el debate se defendió que los propietarios deben conservar la capacidad para decidir sobre sus viviendas y se cuestionó que el Pleno instara al Gobierno a desistir de un recurso ya admitido a trámite.
Frente a estos argumentos, IU y Podemos acusaron al Ejecutivo local de priorizar los intereses de los propietarios, las inmobiliarias y los grandes arrendadores sobre las necesidades de quienes buscan una vivienda asequible.
Moriyón defiende la actuación municipal
La alcaldesa, Carmen Moriyón, intervino por alusiones para rechazar las acusaciones de falta de compromiso del Gobierno con la vivienda.
Moriyón recordó diferentes actuaciones municipales destinadas a facilitar promociones residenciales y ejecutar infraestructuras necesarias para nuevos desarrollos. También hizo referencia a las advertencias de la Sindicatura de Cuentas sobre las deficiencias de los registros autonómicos y la necesidad de que el Principado desarrolle una estrategia propia de vivienda.
La alcaldesa mantuvo que el Ayuntamiento no retirará el recurso mientras los tribunales estén analizando la legalidad de la declaración.
Finalmente, la proposición conjunta de Izquierda Unida y Podemos no fue aprobada. El recurso municipal contra la declaración de La Arena y Cimavilla como zonas de mercado residencial tensionado continuará, por tanto, su tramitación judicial.
