La adjudicación del servicio municipal de recogida de ropa usada ha vuelto a poner de manifiesto las diferencias internas entre los socios del gobierno local de Gijón, Foro y Partido Popular. El origen del desacuerdo se sitúa en un contrato de unos 57.000 euros gestionado por Emulsa que, varios meses después de su licitación, sigue generando interpretaciones contrapuestas dentro del propio Ejecutivo municipal.
El concurso público, convocado en mayo para regular un servicio que hasta entonces se prestaba mediante convenios, se dividió en dos lotes y atrajo a tres entidades. Finalmente, Insertega y Fundación Pueblo para Pueblo resultaron adjudicatarias, mientras que Cáritas, que venía desarrollando esta actividad en la ciudad desde hace años, quedó excluida. La organización presentó un recurso contra la valoración de las ofertas, que no obtuvo respuesta expresa y fue desestimado por silencio administrativo.
El debate político se ha intensificado tras conocerse la existencia de un informe jurídico solicitado desde Alcaldía que cuestiona algunos aspectos de los pliegos del contrato. Según ese documento, existirían deficiencias en la definición del objeto contractual, en la justificación de la solvencia exigida y en el equilibrio económico del servicio. Este análisis ha sido interpretado por una parte del gobierno como un indicio de que la licitación podría haber sido técnicamente defectuosa.
Desde Emulsa, empresa municipal bajo responsabilidad del PP, rechazan de plano esa lectura. Fuentes vinculadas a la entidad consideran que el informe llega fuera de tiempo y sostienen que el procedimiento se ajustó a la legalidad. Defienden que la adjudicación se realizó conforme a criterios objetivos y que Cáritas obtuvo una menor puntuación al presentar una oferta económica frente a otras entidades que proponían prestar el servicio sin coste para el Ayuntamiento. Además, señalan que los informes jurídicos recabados por Emulsa aconsejaban desestimar el recurso presentado.
La disparidad de criterios se extiende también a la gestión posterior del conflicto. Mientras desde el entorno de Alcaldía se apunta que no se tuvo conocimiento del recurso hasta semanas después y que, a partir de ahí, se actuó dentro de las competencias municipales solicitando un informe aclaratorio, desde Emulsa se reprocha la falta de una respuesta formal por parte de los órganos municipales, lo que llevó a que el recurso decayera por silencio administrativo.
En este contexto, cualquier posible anulación del contrato abre un escenario complejo. Desde Emulsa se advierte de que revertir la adjudicación podría derivar en reclamaciones judiciales por parte de las entidades adjudicatarias, con el consiguiente riesgo económico para el Ayuntamiento. Desde otros ámbitos del gobierno, en cambio, se insiste en que corresponde a la empresa municipal valorar los pasos a seguir a la vista de los informes existentes.
Más allá del cruce de argumentos, ambas partes coinciden en subrayar el papel social que desempeña Cáritas en la ciudad y en separar esa trayectoria del debate administrativo. El foco, sostienen, debe situarse en la correcta aplicación de la normativa de contratación pública, garantizando la transparencia y la igualdad de trato entre todas las entidades que concurren a servicios municipales.
El asunto, todavía sin una resolución definitiva, vuelve a evidenciar las fricciones internas en el gobierno gijonés y anticipa un debate que previsiblemente tendrá continuidad en las próximas semanas.
