En medio de la creciente tensión en el mercado inmobiliario asturiano, las administraciones local y regional trabajan para aumentar la oferta de vivienda protegida y garantizar la accesibilidad de los ciudadanos.
En recientes declaraciones de Jesús Martínez Salvador concejal de Urbanismo destaca que cualquier medida para declarar zonas tensionadas deberá ser consultada y negociada previamente, asegurando un diálogo constante con el Principado. Se enfatiza la necesidad de una estrategia conjunta para evitar soluciones unilaterales que puedan obstaculizar el acceso a la vivienda.
El Ayuntamiento de Gijón lidera una ambiciosa estrategia que contempla la puesta a disposición de suelos residenciales para la construcción de viviendas protegidas, mientras que el Principado también trabaja en paralelo para lograr una postura común. La clave, según los expertos, es fomentar la construcción de vivienda protegida y brindar seguridad jurídica a los propietarios para incentivar el alquiler, en lugar de imponer límites de precios.
De esta forma, se busca una solución sostenible y colaborativa que beneficie a toda la ciudadanía.
