La vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, participó este lunes en una reunión con representantes de CAC-Asprocon, la patronal asturiana de promotores y constructores, en un encuentro marcado por la reivindicación del sector frente a las medidas anunciadas por el Gobierno autonómico sobre zonas tensionadas. La cita sirvió también como telón de fondo para que Pumariega abordase las recientes diferencias con sus socios de gobierno municipal, especialmente a raíz del proyecto de la ‘playa verde’ de El Rinconín y la reorganización de personal municipal.
Durante su intervención, Pumariega reconoció que existen discrepancias entre PP y Foro Asturias, aunque defendió que “la relación de coalición es buena y hay voluntad de coordinación”. Señaló que “es normal que surjan matices en la gestión diaria de un gobierno de coalición”, aludiendo a cuestiones como el reparto de personal o el modo en que se han tomado decisiones sobre proyectos como el del nuevo espacio verde en El Rinconín. En este sentido, recalcó que el Partido Popular, responsable del área de Parques y Jardines, considera que debería haber tenido un papel más destacado en su planificación.
En cualquier caso, subrayó que su partido sigue centrado en los objetivos estratégicos de la ciudad. “Tenemos el foco puesto en los proyectos importantes para Gijón. Nuestro compromiso está con la ciudadanía y estamos trabajando para que los grandes planes salgan adelante con responsabilidad y altura de miras”, afirmó.
Rechazo a las zonas tensionadas
En la reunión con CAC-Asprocon, el presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz, mostró su oposición frontal a las medidas del Principado relacionadas con la declaración de zonas tensionadas en el mercado del alquiler. Ruiz calificó estas propuestas como “intervencionismo fallido” y alertó de su posible impacto negativo. “No queremos importar modelos fracasados como el catalán, donde ya se ha reducido en un tercio la oferta de vivienda. En Gijón y en Asturias no hay espacio para este tipo de políticas”, argumentó.
Tanto Pumariega como Ruiz coincidieron en defender una política de vivienda basada en la colaboración público-privada, la seguridad jurídica para los propietarios y medidas que fomenten la oferta sin limitarla. La reunión con la patronal sirvió para reafirmar el compromiso del equipo de gobierno con el desarrollo económico del concejo y el impulso a la promoción residencial.
