El Ayuntamiento de Gijón y la Autoridad Portuaria han acordado volver a sentarse el próximo jueves para solucionar el conflicto sobre la franja costera de Naval Gijón. La cita de este lunes, celebrada a puerta cerrada, reunió a la alcaldesa Carmen Moriyón y a la presidenta del Puerto, Nieves Roqueñí, junto a sus respectivos equipos. La reunión se prolongó durante hora y media y, aunque no se alcanzó un acuerdo definitivo, ambas partes valoraron el encuentro como un avance en el camino hacia el consenso.
«Salgo satisfecha», declaró Roqueñí. Afirmó que el diálogo era el principal objetivo y consideró positivo que dos instituciones tan relevantes como el Ayuntamiento y el Puerto se hayan sentado a buscar soluciones «buenas para Gijón y para Asturias». La presidenta recordó que el encuentro fue solicitado públicamente durante el último Consejo Social y expresó su deseo de seguir trabajando sobre un documento conjunto que permita llegar al consejo de administración de la Autoridad Portuaria con una única propuesta consensuada.
La propuesta del Puerto parte del borrador de convenio planteado anteriormente e incluye las aportaciones surgidas en el Consejo Social. Roqueñí también dejó claro que la Autoridad Portuaria está dispuesta a participar en el desarrollo urbanístico del entorno a través del Plan Especial de Reforma Interior (PERI), aprovechando el 6% de titularidad sobre la franja marítima que mantiene y con la intención de impulsar un polo de economía azul en colaboración con el Consistorio.
Sin embargo, el Ayuntamiento exige que se ceda sin coste, tal y como, aseguran, se había pactado con la anterior dirección del Puerto en el marco de la adquisición municipal de los terrenos del antiguo astillero por valor de 4,7 millones de euros. Según el Ayuntamiento, los pliegos de venta contemplaban una única operación en la que se debía incluir la cesión gratuita de la franja junto al mar, una condición que nunca se cuestionó hasta la llegada de Roqueñí.
La Autoridad Portuaria, por su parte, mantiene que no existe obligación legal de ceder el terreno y que hay razones de interés estratégico para conservar la titularidad. Aun así, Roqueñí insistió en su voluntad de resolver el asunto «de forma amigable», sin hacer referencia a la posibilidad de que el Ayuntamiento recurra a los tribunales si no se atiende su demanda.
En la reunión participaron también José Luis Barettino, director general del Puerto, y por parte del Ayuntamiento, el portavoz del gobierno municipal y concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, el director general de Alcaldía y Proyectos de Ciudad, Jaime Fernández-Pahíno, y la directora de Urbanismo, Purificación García.
Desde el consistorio se reitera que la operación de Naval Gijón debía ejecutarse en bloque: venta y cesión. En cambio, desde el Puerto se sostiene que el consejo de administración únicamente autorizó iniciar el expediente de cesión, y que su tramitación posterior puso de manifiesto la falta de consistencia jurídica del proceso, algo que en su momento ya fue señalado por el PSOE, único grupo de la corporación que respalda la postura portuaria.
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