Decenas de propietarios se han reunido hoy en la Plaza Mayor de Gijón en una concentración organizada por la Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica (APROVIJ). Su reclamación central: la derogación del Real Decreto‑Ley 11/2020, que según denuncian, protege en exceso a los arrendatarios vulnerables y deja desprotegidos a los pequeños propietarios.
Testimonios personales
Uno de los participantes, ha relatado su experiencia: lleva más de siete años cobrando muy pocos o ningún ingreso por su propiedad, acumulando impagos por un valor estimado de 35.000 euros. Según explica, su inquilino dejó de pagar tras el primer mes, y a pesar de su situación económica —el propietario que afirma que cobra por debajo del salario mínimo— ha asumido gastos como el agua y la luz. Además, denuncia que los servicios sociales no han ofrecido una solución pese a la vulnerabilidad del inquilino.
El y otros propietarios advierten de que, aunque el nuevo programa autonómico Alquilámoste reconoce la necesidad de “seguridad jurídica” para promover el alquiler, en la práctica no garantiza protección frente a los impagos. A su juicio, los mecanismos actuales exponen a los propietarios a deudas y pérdidas sin cobertura suficiente.
Críticas al programa Alquilámoste
El programa Alquilámoste, impulsado por el Gobierno del Principado de Asturias, consiste en la cesión temporal de viviendas vacías privadas a la Administración. A cambio, los propietarios recibirían un canon mensual garantizado, mientras que los inquilinos pagarían una renta reducida.
Sin embargo, desde APROVIJ y varios afectados se cuestiona que dicha iniciativa realmente solucione el problema de morosidad. Como ha señalado Alfredo, la “inseguridad jurídica” no se elimina, pues siguen existiendo riesgos elevados de impago. Además, hay críticas sobre quién puede optar a estos inquilinos: según los arrendadores, se dará prioridad a personas con ciertos ingresos, lo que dejaría fuera, por ejemplo, a quienes tengan rentas muy altas o determinadas situaciones familiares.
Exigencias de los concentrados
Durante la protesta, los participantes han reclamado:
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La derogación o revisión del Real Decreto-Ley 11/2020.
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Mecanismos de compensación por los impagos acumulados.
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Reformas legales que proporcionen seguridad real a los propietarios que alquilan sus viviendas.
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Mayor agilidad en la recuperación de inmuebles cuando existan impagos graves.
Reacción institucional
El consejero de Vivienda del Principado, Ovidio Zapico, ha defendido con anterioridad que Alquilámoste es un programa voluntario para el propietario, con ventajas fiscales y garantía de cobro incluso si el inquilino no paga.
En el Ayuntamiento de Gijón, el concejal de Vivienda, Guzmán Pendás, ya había presentado otro programa llamado “Gijón, Confía Alquilando”, que incluye seguros de impago, préstamos para reformas y gestión de alquileres, con la intención de ofrecer “seguridad jurídica” a los propietarios locales.
