El Ayuntamiento de Gijón se enfrenta a un revés tras conocerse el informe de la Sindicatura de Cuentas, que cuestiona la legalidad de las primas de jubilación abonadas a funcionarios municipales. El documento, solicitado por el gobierno local, concluye que estas compensaciones “carecen de fundamento legal” y recomienda revisar su aplicación.
El informe se refiere al abono de gratificaciones por jubilación a personal del Ayuntamiento y de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Desde el Ejecutivo local se indica que el pago de estas primas quedaba pendiente de la evaluación del órgano fiscalizador, por lo que, una vez conocido su criterio, las ayudas no se harán efectivas.
Durante la sesión plenaria celebrada este miércoles en el Ayuntamiento, varios jubilados afectados por esta situación, que se retiraron entre noviembre de 2022 y enero de 2024, se manifestaron con pancartas exigiendo el cumplimiento del acuerdo plenario aprobado en marzo. Este pacto contemplaba la posibilidad de abonar dichas primas, una vez que se contara con respaldo jurídico.
La Sindicatura, sin embargo, advierte que la previsión recogida en la normativa municipal contradice disposiciones estatales y puede derivar en la nulidad de los pagos. Por ello, recomienda al Ayuntamiento que suspenda cualquier abono adicional y proceda a revisar la normativa interna. En el caso del personal laboral, el órgano fiscalizador considera “prudente” aplazar cualquier pago hasta que exista una doctrina jurídica consolidada sobre el asunto.
El gobierno municipal ha señalado que no se ha realizado ningún abono de nuevas primas a raíz de este informe y ha defendido su postura basada en la cautela jurídica. Además, recuerda que el documento de la Sindicatura aún no es definitivo y que están pendientes posibles recursos o aclaraciones.
El conflicto afecta a decenas de trabajadores ya jubilados y ha generado inquietud entre quienes esperaban recibir estas compensaciones tras décadas de servicio. Algunos de los afectados también han iniciado acciones judiciales para reclamar los pagos que, de momento, permanecen en suspenso.
