La Fiscalía de Gijón ha solicitado una pena de tres años de cárcel para dos agentes de la Policía Local acusados de detener de manera ilegal a una mujer en su establecimiento en septiembre de 2022.
Además, el Ministerio Público reclama una indemnización de 2.000 euros por daños morales a la víctima, quien sufrió una crisis de ansiedad y lesiones leves a consecuencia del arresto.
Según la acusación, los hechos ocurrieron el 30 de septiembre de 2022, cuando la mujer, preocupada por la presencia de varias personas indigentes frente a su domicilio realizó múltiples llamadas a la Policía Local entre las 9:47 y las 11:03 horas. Algunas de estas comunicaciones no fueron atendidas, lo que llevó a la mujer a elevar el tono, aunque sin faltar al respeto a los agentes, según consta en la nota de la Fiscalía.
Como respuesta a las insistentes llamadas, dos patrullas acudieron al lugar en distintos momentos. Fue en la segunda intervención, sobre las 11:30 horas, cuando los agentes ahora acusados se personaron en el negocio de la denunciante. Allí, según el relato del Ministerio Público, le solicitaron su identificación. La mujer proporcionó su nombre y número de DNI, indicando que el documento físico se encontraba en la trastienda, ya que estaba atendiendo a un cliente en ese momento.
Pese a facilitar sus datos, los agentes procedieron a su detención alegando una supuesta negativa a identificarse, argumento que incluyeron en su informe. La mujer fue esposada en presencia de transeúntes y trasladada a dependencias policiales, donde permaneció en los calabozos hasta las 18:15 horas. Posteriormente, fue puesta en libertad al constatarse que tenía un domicilio conocido y no existía riesgo de fuga.
Como consecuencia del arresto, la víctima sufrió una crisis de ansiedad y lesiones leves provocadas por las esposas, según recoge la acusación fiscal. El Ministerio Público considera que los hechos constituyen un delito de detención ilegal recogido en los artículos 167.1 y 3 en relación con el 163.1 y 2 del Código Penal.
Además de la pena de prisión, se solicita una inhabilitación absoluta para cada agente por un periodo de ocho años. En cuanto a la responsabilidad civil, la Fiscalía pide que los acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria a la víctima con 2.000 euros, cantidad de la que respondería subsidiariamente el Ayuntamiento de Gijón. La vista oral está prevista para este miércoles en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón.
