El Juzgado de lo Penal nº 1 de Gijón ha ordenado este miércoles el ingreso inmediato en prisión de seis miembros del sindicato CNT, condenados a tres años y seis meses de cárcel por un delito continuado de coacciones graves y otro contra la Administración de Justicia. La sentencia, ya firme, pone fin a un largo proceso judicial iniciado hace casi una década en torno al conflicto laboral con la pastelería La Suiza.
La resolución, firmada por el magistrado Lino Rubio Mayo, se ejecutará este jueves 10 de julio en el centro penitenciario de Villabona, en Asturias. La decisión judicial rechaza suspender las penas de prisión —una petición que sí fue respaldada por la Fiscalía— argumentando la ausencia de arrepentimiento por parte de los condenados y la gravedad de los hechos.
El caso tiene su origen en las protestas sindicales organizadas por la CNT entre 2016 y 2017 frente al establecimiento gijonés, en apoyo a una trabajadora embarazada que denunció haber sufrido acoso laboral y vulneración de derechos fundamentales. Las acciones incluyeron piquetes, uso de megafonía, reparto de panfletos y concentración de activistas, lo que derivó en una denuncia por parte del propietario del negocio.
Tras la condena inicial en 2021, la sentencia fue ratificada por la Audiencia Provincial de Asturias y posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo en 2024, que consideró que las acciones excedieron el marco del derecho a la huelga y constituyeron coacciones graves.
Desde que la sentencia quedó en firme, sindicatos, organizaciones de derechos laborales, y representantes institucionales han expresado su rechazo a la ejecución de la pena. Hasta 22 organizaciones sindicales, el gobierno del Principado de Asturias y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, han solicitado públicamente el indulto, alegando que se trata de un caso de criminalización del sindicalismo.
Díaz se reunió con las condenadas y anunció que el Gobierno tramitará el indulto por la vía de urgencia. “Esto es un escándalo. Hacer sindicalismo no puede ser delito en una democracia avanzada”, afirmó. A pesar de estas declaraciones, el proceso de indulto aún no ha evitado que las seis personas deban ingresar en prisión.
El caso ha generado una amplia movilización social. Miles de personas se han manifestado en los últimos días en Gijón, Madrid y otras ciudades bajo lemas como “Hacer sindicalismo no es delito”, en apoyo a las encausadas. En Gijón, el Ayuntamiento debatió una moción de respaldo, bloqueada por los votos de PP, Foro y Vox, mientras que fue respaldada por el PSOE, IU y Podemos.
La CNT, por su parte, ha calificado la condena como un precedente peligroso que atenta contra la libertad sindical. “Esto no es justicia, es un castigo ejemplarizante para quienes defienden derechos laborales”, han declarado desde el sindicato. Y convocan una concentración en la Plaza del Ayuntamiento de Gijón mañana jueves a la 19:30 h.
Mientras tanto, el ingreso en prisión está previsto para este jueves, en lo que se considera ya uno de los casos más polémicos de la historia reciente del sindicalismo en España. El Gobierno central deberá decidir ahora si concede el indulto, mientras continúa el debate entre legalidad penal y derechos fundamentales en el ámbito laboral.
