El Pleno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón ha aprobado este miércoles la reprobación de Nieves Roqueñí como presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, tras semanas de tensión por el intento de modificar el acuerdo de cesión al consistorio de la franja litoral de Naval Gijón. La moción, presentada por el grupo municipal de Foro y debatida por vía de urgencia, fue respaldada por el Partido Popular, Vox y el edil no adscrito Oliver Suárez. El PSOE votó en contra, mientras que Izquierda Unida y Podemos optaron por la abstención.
Desde Foro, su portavoz Jesús Martínez Salvador justificó la iniciativa como una «condena política» a la actuación de Roqueñí, a quien acusó de intentar imponer “una estafa de dimensiones colosales” al Ayuntamiento. La vicealcaldesa y portavoz del PP, Ángela Pumariega, fue aún más contundente y calificó su designación como un ejemplo de “obstrucción institucional” promovido por el Gobierno del Principado y el PSOE local para “frenar el desarrollo de Gijón”.
Podemos, por su parte, manifestó su desacuerdo con la gestión de Roqueñí, aunque criticó el uso partidista de la moción. Desde IU, se señaló la deslealtad institucional de la Autoridad Portuaria, si bien se mostraron contrarios a la urgencia del trámite.
Por parte del PSOE, la concejala Marina Pineda —también vocal del consejo de administración del Puerto— defendió la labor de Roqueñí y acusó al actual equipo de gobierno de incoherencia por no haber criticado anteriormente a responsables portuarios como Laureano Lourido, cuya gestión sí generó múltiples conflictos ambientales y económicos, según recordó. Pineda subrayó que la actual presidenta ha reactivado proyectos medioambientales, contactado con asociaciones vecinales y reimpulsado la autopista del mar, lamentando la “incapacidad de diálogo” del ejecutivo local.
La alcaldesa, Carmen Moriyón, replicó enérgicamente a las críticas del PSOE y recordó que fue un informe de la Abogacía del Estado el que respaldó la postura del Ayuntamiento en el conflicto por la cesión del suelo en Naval Gijón. Cuestionó además el uso de un informe externo por parte del Puerto, pese a contar con asesoría jurídica interna.
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