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La entrada en prisión de las seis sindicalistas condenadas por el caso de la pastelería La Suiza ha encendido la respuesta del movimiento sindical en Gijón. Cerca de medio millar de personas se congregaron en la plaza Mayor para exigir su liberación. La protesta, que recorrió el paseo de Poniente, reclamó el indulto de las cinco mujeres y un hombre pertenecientes a la CNT, condenados a tres años y medio de cárcel por obstrucción a la justicia y coacciones graves durante una campaña de denuncia laboral iniciada en 2015.
Los seis sindicalistas ingresaron este jueves de manera voluntaria en el Centro de Inserción Social ‘El Urriellu’, anexo a la prisión de Villabona, tras la orden de detención inmediata dictada el día anterior por el juez. Acompañados por su abogado y familiares, accedieron al centro con el objetivo de solicitar lo antes posible la concesión del tercer grado penitenciario, lo que les permitiría cumplir condena sin pernoctar en la cárcel.
Llamamientos políticos al indulto
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que hace apenas una semana manifestó públicamente su compromiso con la tramitación del indulto, aseguró este jueves que ya trabaja con el Gobierno para agilizar el proceso. La ministra de Sanidad, Mónica García, y la de Juventud e Infancia, Sira Rego, también se posicionaron a favor de la concesión del indulto, al que consideran una medida urgente para revertir una «clara vulneración del derecho a la acción sindical».
Desde el Principado, el portavoz del Gobierno y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, subrayó que el indulto es «más necesario que nunca». La presión institucional también se ha trasladado al Congreso, donde Esquerra Republicana ha registrado una proposición no de ley para solicitar al Ejecutivo que impulse la medida con carácter urgente. A esta iniciativa se han sumado también partidos como Podemos, Izquierda Unida y Compromís.
El conflicto, que se remonta a una campaña sindical iniciada en junio de 2015 para denunciar presuntas irregularidades laborales en la pastelería La Suiza, ha vuelto a poner en el centro del debate nacional los límites de la protesta sindical y la protección de los derechos laborales en España.
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