El pulso institucional entre el Ayuntamiento de Gijón y la Autoridad Portuaria de El Musel por la titularidad de la franja litoral de Naval Gijón parece abocado a una vía judicial. Así lo deja entrever el resultado del segundo y último encuentro entre ambas partes, en el que no se logró un acuerdo sobre la cesión gratuita de los terrenos.
La alcaldesa Carmen Moriyón reiteró durante la reunión, y posteriormente mediante un comunicado oficial, la negativa del Consistorio a aceptar cualquier escenario que contradiga el acuerdo firmado hace cinco meses, que preveía la cesión definitiva y sin contraprestación económica de la franja al Ayuntamiento. “Es un acuerdo transparente, avalado por dos ministerios, y cuya base continúa negando la Autoridad Portuaria”, denunció el gobierno local.
Este nuevo desencuentro mantiene el conflicto en un punto crítico. Salvo un giro inesperado en las posiciones, el Ayuntamiento prevé llevar el caso ante los tribunales una vez expire el plazo de 30 días que había dado a la Autoridad Portuaria para formalizar la cesión. El ultimátum vence dentro de dos semanas.
Durante la reunión, la presidenta del Puerto, Nieves Roqueñí, insistió en que “no hemos hablado de juicios, hemos hablado de acuerdos”, y defendió su propuesta de mantener la titularidad de la franja, pero cediendo su uso al Ayuntamiento y participando como propietario minoritario en el desarrollo urbanístico del PERI (Plan Especial de Reforma Interior). “Queremos encontrar un planteamiento que permita el acomodo de las dos instituciones y que preserve el uso ciudadano y gratuito de este espacio”, argumentó.
Roqueñí también confirmó que ambas partes seguirán trabajando a nivel técnico y jurídico para elevar un documento al Consejo de Administración del Puerto, que se reunirá el 4 de junio. Sin embargo, desde el Ayuntamiento ya se advierte que solo se aceptará una solución basada en el cumplimiento del acuerdo de cesión de la titularidad.
Desde el Consistorio se lamenta que “la voluntad del Puerto de sumarse al PERI es una consecuencia automática de su negativa a cumplir el acuerdo alcanzado”. La inclusión del Puerto en dicho plan, cuya licitación ya está en marcha, permitiría garantizar que el futuro desarrollo y urbanización del espacio esté liderado por el Ayuntamiento, como propietario mayoritario.
En paralelo, Roqueñí explicó que su propuesta contempla que el Puerto, que ostenta un 6% del ámbito, se incorpore a la junta de compensación para ayudar en la urbanización del suelo mientras se aprueba el PERI, contribuyendo así a dotar de valor al proyecto de economía azul que se planea en la zona.
El Ayuntamiento, por su parte, mantiene su disposición a colaborar en ese polo económico y a atender las necesidades logísticas del Puerto, pero deja claro que cualquier acuerdo debe partir de la entrega formal de la franja litoral. “La cesión de la titularidad no es negociable”, sentencian fuentes municipales.
