El Pleno del Ayuntamiento de Gijón presentará recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 que declara nulo el Plan de Normalización Llingüística 2024-2027, plan anulado a raíz de un recurso interpuesto por Vox.
La formación conservadora fue la única que votó en contra del recurso, al considerar que la resolución judicial era “clara y concluyente”. Su portavoz, Sara Álvarez Rouco, criticó que el Ayuntamiento base el recurso en un informe de la Fundación Municipal de Cultura y no en uno de la Asesoría Jurídica. Según la edil, el plan trataba de imponer una normativa encubierta sin respaldo legal ni memoria económica, y recordó que la Constitución protege la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural, pero “no permite su imposición”.
Desde el equipo de gobierno, la concejala de Cultura, Montserrat López Moro, defendió la legalidad del procedimiento seguido, subrayando que el documento respetaba “los principios de libertad y voluntariedad” y que se ajustaba a la normativa local, autonómica, estatal y europea. En la misma línea, la vicealcaldesa Ángela Pumariega (PP) justificó el recurso como una vía legítima para defender un plan que fue aprobado precisamente por respetar la voluntariedad del uso del asturiano.
También mostraron su apoyo a la apelación los grupos municipales de IU, Podemos y el edil no adscrito, Óliver Suárez. El portavoz de IU, Javier Suárez Llana, acusó a Vox de tener “miedo a la diversidad”, incluida la lingüística, y lamentó que recurran a los tribunales como estrategia política. Olaya Suárez (Podemos) calificó de “fanática” la actitud del partido de extrema derecha, aunque también reconoció que “hay que mejorar los procedimientos” en la tramitación de este tipo de planes.
El grupo socialista, por su parte, se abstuvo en la votación. El concejal José Ramón Tuero advirtió que la vía del recurso podría ser infructuosa, ya que, según recordó, “todos los planes y ordenanzas lingüísticas llevados al TSJA desde 2016 han sido tumbados”. En su opinión, sería más útil “corregir los errores cometidos” y elaborar un nuevo documento con mayores garantías jurídicas.
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