El Ayuntamiento de Gijón no aprobará una prohibición general del uso del burka u otras prendas que oculten totalmente el rostro en dependencias municipales. Así se desprende de la posición del gobierno local, que votará dividido en el próximo Pleno la iniciativa presentada por Vox para impedir el acceso y la permanencia en edificios municipales con este tipo de indumentaria.
Foro Asturias, socio de gobierno del Partido Popular en el consistorio gijonés, ha anunciado su voto en contra de la propuesta apelando a la jurisprudencia existente en esta materia. En concreto, se remite a una sentencia del Tribunal Supremo que anuló una ordenanza municipal del Ayuntamiento de Lleida que prohibía el uso del velo integral islámico en espacios municipales. En aquel fallo, el Alto Tribunal concluyó que dicha normativa vulneraba un derecho fundamental como la libertad religiosa y que los ayuntamientos carecen de competencias para establecer este tipo de limitaciones. Según esa doctrina, cualquier restricción general requeriría una ley aprobada a nivel estatal.
Desde el entorno municipal se recuerda que, aunque no exista una prohibición expresa del uso de prendas que cubran el rostro, en la práctica ya se exige mostrarlo en aquellos supuestos en los que es necesaria la identificación personal para la prestación de servicios o la realización de trámites administrativos. En este sentido, se subraya que el acceso a dependencias municipales con el rostro cubierto no es un hecho inédito, como se evidenció durante la pandemia, cuando el uso de mascarillas fue generalizado.
La iniciativa de Vox sí contará, no obstante, con el respaldo del Partido Popular. La vicealcaldesa y portavoz municipal del PP, Ángela Pumariega Menéndez, ha defendido esta posición como coherente con la línea política que el partido mantiene a nivel nacional bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Según Pumariega, las prendas que impiden la identificación pueden suponer un problema para la seguridad en espacios públicos y, además, entran en conflicto con valores que el PP considera irrenunciables, como la igualdad y la dignidad de la mujer.
La vicealcaldesa ha reconocido que se trata de un debate sensible por sus implicaciones culturales y religiosas, pero ha insistido en que, a su juicio, los principios constitucionales de igualdad, dignidad de la persona y seguridad deben prevalecer en el ámbito de las instituciones públicas.
El Pleno municipal evidenciará así las diferencias internas en el seno del gobierno local y pondrá de nuevo sobre la mesa un debate recurrente en el ámbito político y jurídico: el equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales, la libertad religiosa y las competencias reales de las administraciones locales para regular el acceso a los espacios públicos.
