La presencia de amianto en los tejados de Gijón continúa siendo una de las principales asignaturas pendientes en materia de salud pública y rehabilitación urbana. Aunque este material fue prohibido en España en 2002, su uso masivo durante décadas anteriores hace que todavía esté presente en numerosos edificios de la ciudad, tanto públicos como privados.
El debate ha vuelto recientemente al Pleno municipal, donde, por iniciativa de Izquierda Unida Xixón, se abordará la posibilidad de ampliar las actuaciones de retirada de amianto también a edificios privados, ante la elevada presencia de este material en el municipio y las dificultades que afrontan muchos propietarios para eliminarlo de forma segura.
Un material ampliamente utilizado y hoy considerado peligroso
Durante gran parte del siglo XX, el amianto se utilizó de forma generalizada en la construcción, especialmente en placas de fibrocemento o uralita, por su resistencia al fuego, al calor y a la corrosión. En Gijón, la mayoría de las viviendas y edificaciones industriales se construyeron cuando su uso era completamente legal y habitual.
Sin embargo, hoy está científicamente demostrado que la manipulación o degradación del amianto es altamente peligrosa para la salud, ya que la inhalación de sus fibras puede provocar enfermedades graves como asbestosis, cáncer de pulmón o mesotelioma, con largos periodos de latencia.
Deterioro de los tejados y riesgo ambiental
El principal riesgo del amianto no es únicamente su existencia, sino su envejecimiento progresivo. La exposición continuada a la lluvia, la humedad y el viento —factores especialmente presentes en el clima de Gijón— acelera el deterioro de las cubiertas, aumentando la probabilidad de liberación de fibras al ambiente.
Ejemplos visibles de esta situación se encuentran en antiguas instalaciones industriales, como los techos de amianto de la antigua Naval Gijón, que durante años han sido señalados como un foco de preocupación tanto por su estado como por su ubicación en un entorno urbano en transformación.
Retirada regulada y papel de las administraciones
La legislación vigente establece que el amianto solo puede ser retirado por empresas especializadas y autorizadas, inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA), siguiendo protocolos estrictos de seguridad y gestión de residuos peligrosos.
Hasta ahora, las actuaciones públicas se han centrado principalmente en edificios e infraestructuras de titularidad municipal. No obstante, el debate político actual plantea si el Ayuntamiento de Gijón debería implicarse también en los inmuebles privados, mediante calendarios de retirada, ayudas económicas y campañas informativas que faciliten una eliminación progresiva y segura del material.
Un reto a medio plazo
España y la Unión Europea han fijado como horizonte la eliminación total del amianto antes de 2032, lo que obliga a las administraciones a planificar medidas realistas y sostenibles. En una ciudad con un parque inmobiliario envejecido como Gijón, el desafío pasa por equilibrar la protección de la salud pública, la capacidad económica de los propietarios y la responsabilidad institucional.
Mientras tanto, el amianto sigue siendo un problema silencioso, presente en muchos tejados, que vuelve a situarse en el centro del debate político y social de la ciudad.
