La Guardia Civil mantiene activo un amplio dispositivo de búsqueda en el oriente asturiano para localizar al hombre natural de Gijón que se encuentra en paradero desconocido desde que el pasado miércoles no acudiera al juicio en el que debía responder por presuntas agresiones sexuales a su hija mayor. El acusado ya había sido condenado a 25 años de prisión por abusos reiterados a su hija menor, aunque permanecía en libertad al no tratarse de una sentencia firme.
El operativo, que se desarrolla principalmente en el entorno de Llanes, cuenta con la participación de efectivos del cuartel local, además de medios aéreos y marítimos. También colabora el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), que ha movilizado su helicóptero para colaborar en las labores de rastreo por el litoral asturiano. La búsqueda se ha extendido hasta la frontera con Cantabria, ante la posibilidad de que el prófugo haya cruzado a la comunidad vecina.
Una de las líneas de investigación considera la hipótesis de que el hombre pudiera haber fingido su suicidio para eludir la acción de la justicia. Esta teoría tomó fuerza después de que se localizara un vehículo sospechoso –un Citroën Xsara granate– estacionado durante varios días cerca de los bufones de Santiuste. El coche pertenece, al parecer, a un familiar del buscado, quien habría confirmado que este lo utilizaba con frecuencia.
La familia del acusado presentó una denuncia por desaparición el pasado martes por la noche ante la Policía Nacional. Según indicaron, el día anterior el hombre había alquilado una furgoneta, posiblemente con la intención de marcharse. Su incomparecencia en el juicio del miércoles encendió todas las alarmas.
La investigación se remonta a 2015, aunque los hechos no salieron a la luz hasta el año pasado, cuando la hija menor del acusado denunció los abusos sufridos desde los seis años. A raíz de su testimonio, se conocieron también los hechos atribuidos contra la hermana mayor, que derivaron en un segundo procedimiento judicial. En este último caso, la Fiscalía solicita 12 años de prisión, mientras que la acusación particular eleva la petición a 15 años por un presunto delito de agresión sexual a una menor de 16 años.
El dispositivo desplegado por la Guardia Civil continúa en activo, aunque por el momento no ha dado resultados concluyentes.
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