El Gobierno del Principado de Asturias ha declarado oficialmente como zonas tensionadas de vivienda los barrios gijoneses de La Arena y Cimavilla (Cimadevilla), una medida impulsada por el consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico. La decisión ha generado un fuerte enfrentamiento institucional entre el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de Gijón, además de abrir un debate político sobre la regulación del mercado del alquiler en Asturias.
Qué implica la declaración de “zona tensionada”
La declaración permitirá aplicar medidas previstas en la Ley estatal de Vivienda para contener el incremento de los alquileres en áreas donde el acceso a la vivienda se considera especialmente difícil. Entre las medidas contempladas figuran:
- límites a las subidas del alquiler en nuevos contratos,
- referencia obligatoria al índice estatal de precios,
- incentivos fiscales a propietarios que reduzcan rentas,
- y programas para movilizar vivienda vacía o infrautilizada.
Según el Principado, la medida tendrá inicialmente una vigencia de tres años prorrogables.
La posición del Gobierno asturiano
El Ejecutivo autonómico, presidido por el socialista Adrián Barbón y con participación de Convocatoria por Asturias (IU-Más País-IAS), defiende que la situación del alquiler en determinados barrios exige intervención pública.
Zapico ha sostenido que el objetivo es “garantizar el acceso a la vivienda” y frenar la presión del mercado residencial, especialmente en zonas con fuerte impacto del alquiler turístico. En febrero ya había anunciado que el Gobierno asturiano preparaba limitaciones específicas para las viviendas de uso turístico en áreas declaradas tensionadas.
El consejero argumenta que la vivienda “es un derecho y no un negocio” y considera que las administraciones deben utilizar todas las herramientas legales disponibles para contener los precios y evitar procesos especulativos.
Desde el Principado también se insiste en que la declaración responde a indicadores objetivos recogidos por la Ley de Vivienda, relacionados con el esfuerzo económico que deben asumir los hogares para pagar alquileres.
Rechazo del Ayuntamiento de Gijón
El Ayuntamiento de Gijón, gobernado por Foro Asturias y Partido Popular, ha reaccionado con dureza contra la decisión autonómica. El portavoz municipal, Jesús Martínez Salvador, acusó al Gobierno regional de actuar sin diálogo institucional y anunció que el consistorio estudia recurrir la medida ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
El gobierno local sostiene que la declaración puede generar efectos negativos en el mercado del alquiler, reduciendo la oferta de vivienda disponible y aumentando la inseguridad jurídica para propietarios. Además, critica que el Principado haya tomado la decisión sin una coordinación previa suficiente con el consistorio gijonés.
Foro y PP defienden que experiencias similares en otros territorios no han resuelto el problema del acceso a la vivienda y, en algunos casos, han contribuido a retraer el mercado del alquiler.
Apoyo vecinal y preocupación por el alquiler
Frente al choque político, asociaciones vecinales de La Arena y Cimavilla han mostrado públicamente su apoyo a la declaración de zonas tensionadas. Sus representantes consideran que el encarecimiento del alquiler y el crecimiento de las viviendas turísticas están dificultando el acceso a la vivienda para residentes habituales.
Los colectivos vecinales reclaman además medidas complementarias para ampliar el parque público de vivienda y controlar el impacto del turismo residencial en los barrios más presionados de Gijón.
Un debate que trasciende Gijón
La medida forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno asturiano para extender las zonas tensionadas a otros municipios y áreas con problemas de acceso a la vivienda. Entre las zonas en estudio o tramitación figuran áreas de Avilés, Llanes, Cabrales o Gozón.
El debate reproduce además una discusión política abierta en toda España sobre la eficacia de los controles del alquiler. Mientras sectores de izquierda defienden la intervención pública para frenar la subida de precios, partidos conservadores y parte del sector inmobiliario consideran que estas medidas pueden reducir la oferta y empeorar el problema a medio plazo.
En Asturias, la controversia sobre La Arena y Cimavilla se ha convertido ya en uno de los principales focos de confrontación política entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Gijón en materia de vivienda.
