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María Mitre defiende la congelación fiscal y la aportación de 4,5 millones de euros de EMA y EMULSA para reducir deuda. PSOE e IU cuestionan el uso de las reservas de las empresas municipales, mientras VOX reclama rebajas de tasas e impuestos.
El debate sobre las ordenanzas fiscales de Gijón para 2027 ha puesto de manifiesto las diferencias entre el Gobierno municipal y la oposición sobre cómo financiar los servicios públicos y distribuir el esfuerzo económico entre los contribuyentes. La congelación planteada por el Ejecutivo, las bonificaciones para vivienda y familias y el uso de recursos de las empresas municipales centraron las intervenciones.
La concejala de Hacienda, María Mitre, defendió mantener los importes y utilizar parte de las reservas de EMA y EMULSA para amortizar deuda. Frente a esa posición, PSOE e Izquierda Unida reclamaron una mayor capacidad de ingresos y cuestionaron las transferencias de las empresas públicas. VOX, por su parte, sostuvo que congelar las tarifas después de las subidas anteriores resulta insuficiente y pidió reducir determinados cobros.
Las reservas de EMA y EMULSA, uno de los principales desacuerdos
La aportación de 4,5 millones de euros de dos empresas municipales al Ayuntamiento fue uno de los asuntos más discutidos.
La concejala socialista María Pineda criticó que se recurra a estos recursos para cubrir las necesidades económicas del Consistorio. A su juicio, esta decisión aleja a las empresas municipales del objetivo de mantener su funcionamiento al margen de los vaivenes financieros del Ayuntamiento.
El concejal de IU Javier Suárez Llana advirtió de que mantener esta práctica podría descapitalizar las entidades y comprometer su viabilidad. Consideró que recurrir a sus reservas evidencia las limitaciones de la política de ingresos del Gobierno.
Mitre rechazó esas críticas y defendió que destinar recursos disponibles a reducir deuda evita mantener dinero inmovilizado mientras el Ayuntamiento paga intereses. Según las cifras que expuso, la contribución de las empresas a la amortización ha ayudado a rebajar la deuda municipal en más de 16 millones de euros en un año y a reducir casi un 40 % los gastos financieros. Añadió que las aportaciones municipales a esas mismas empresas han aumentado.
PSOE e IU reclaman más ingresos para servicios e inversiones
Pineda sostuvo que Gijón necesita incrementar sus ingresos de forma estable. Durante su intervención, situó los ingresos fiscales por habitante en 546 euros en Gijón, frente a 684 en Oviedo y 736 en Santander. Según su cálculo, alcanzar la cifra de Oviedo supondría más de 37 millones de euros adicionales para el presupuesto municipal.
El PSOE defendió utilizar la fiscalidad para favorecer el acceso a la vivienda, la sostenibilidad y el comercio de proximidad. Pineda recordó también la gratuidad del autobús para menores de 18 años implantada durante el anterior mandato y apostó por avanzar en medidas que fomenten el transporte público. Asimismo, cuestionó el tratamiento de las tarifas deportivas para mayores de 70 años.
Suárez Llana vinculó la necesidad de mayores ingresos con actuaciones que, según denunció, siguen pendientes: parques infantiles en El Coto y Nuevo Roces, una conexión de autobús entre Ciares y el Hospital de Cabueñes, la adquisición de viviendas para ampliar el parque público y aparcamientos provisionales en Nuevo Roces y Nuevo Gijón.
El edil de IU reclamó también refuerzos en las unidades de trabajo social, personal propio para museos y bibliotecas, mejoras de limpieza y deportivas y el pago de ayudas de rehabilitación concedidas a comunidades de propietarios.
Como alternativa, propuso una mayor contribución de los grandes negocios con valores catastrales superiores a un millón de euros, las actividades vinculadas a la especulación inmobiliaria y al alquiler turístico y las compañías de telecomunicaciones, energía y banca que utilizan el espacio público. Incluyó también a las actividades económicas con elevados consumos de agua y generación de residuos.
Diferencias sobre las bonificaciones a la vivienda protegida
La vivienda fue otro de los ejes del debate. El PSOE planteó incentivos para aumentar la oferta de alquiler residencial, especialmente a precios limitados, rehabilitar inmuebles vacíos y facilitar la transformación de espacios destinados a actividades económicas en viviendas. También defendió actuar sobre las viviendas vacías y turísticas y facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda habitual.
En el caso de la nueva bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), Mitre explicó que el Gobierno propone aplicarla a la vivienda protegida tanto en alquiler como en venta, mientras que la enmienda socialista plantea limitarla al alquiler.
La responsable de Hacienda defendió que ambas modalidades necesitan apoyo y argumentó que reducir los costes de construcción puede contribuir a hacer viables las promociones de vivienda protegida en venta, sujetas a un precio tasado.
VOX pide recuperar tarifas y reducir el IBI y la plusvalía
VOX cuestionó que la congelación para 2027 mantenga los incrementos anteriores y recordó el compromiso de revisar a la baja la fiscalidad de familias, autónomos, comercios y empresas.
Entre sus propuestas figuran rebajar de 70 a 50 euros la cuota por inmovilización de vehículos, reducir de 50 a 20 euros el rescate de animales domésticos, eliminar la nueva tasa por digitalización de documentos y planos y fijar en 40 euros la declaración responsable, frente a los 66 euros citados por el grupo.
La formación reclamó además situar el IBI urbano y rústico en el mínimo legal y establecer una bonificación del 95 % en la plusvalía municipal cuando hijos, cónyuges o padres hereden la vivienda habitual o el negocio familiar, sin condicionarla al valor catastral.
VOX reprochó al Gobierno que el IBI y la plusvalía no estén incluidos en el procedimiento ordinario de modificación para 2027 y pidió que el margen económico municipal se traduzca, cuando las condiciones legales y presupuestarias lo permitan, en un menor esfuerzo para los ciudadanos.
Bonificaciones familiares y criterios comunes
VOX defendió precios reducidos para familias numerosas en cursos y talleres municipales y en servicios para niños y jóvenes con capacidades diversas. El grupo sostuvo que estas medidas podrían convivir con bonificaciones para familias monoparentales.
Mitre respondió que la propuesta se limitaba a dos ordenanzas y que introducirla únicamente en ellas generaría diferencias entre servicios para familias con la misma situación. Defendió aplicar criterios coherentes entre el Ayuntamiento y sus organismos municipales.
Sobre la decisión de no modificar el resto de las ordenanzas, la concejala contrapuso la congelación del actual Gobierno a las revisiones del anterior mandato. Recordó la subida del billete sencillo del autobús de 1,25 a 1,50 euros y los intentos de implantar un IBI diferenciado.
El Gobierno reivindica la ejecución de los fondos europeos
En su respuesta a la oposición, Mitre defendió también la gestión de los proyectos financiados con fondos europeos. Aseguró que el Ejecutivo ha tenido que corregir deficiencias, negociar prórrogas, aprobar modificaciones y volver a licitar actuaciones heredadas.
Según indicó, 33 de los 34 proyectos aprobados están finalizados y justificados, y el Ayuntamiento ha aportado más de 25 millones de euros de recursos propios para sacarlos adelante.
El debate dejó también un punto de apoyo expreso por parte del PSOE: la nueva tasa para las pruebas de contraste de alcoholemia solicitadas tras un positivo, cuando el segundo resultado también sea positivo.
