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El Ayuntamiento de Gijón ha defendido la gestión realizada para implantar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), después de que la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias validase el cumplimiento de los requisitos asociados a los fondos europeos destinados al proyecto.
El concejal Jaime Fernández Paino destacó que el informe definitivo de fiscalización concluye que el consistorio cumplió con las obligaciones derivadas de la subvención europea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), incluyendo la ejecución de las actuaciones previstas y la justificación de los fondos recibidos. Según señaló, Gijón era uno de los municipios asturianos con un grado de implantación más avanzado cuando se realizó la auditoría.
Paino subrayó además que el actual gobierno municipal completó proyectos financiados con fondos europeos heredados del mandato anterior, como la eco-manzana o las actuaciones en la avenida Pablo Iglesias, y defendió que se cumplieron todos los hitos exigidos dentro de plazo.
Por su parte, Pelayo Barcia explicó el calendario previsto para la aprobación definitiva de la ordenanza que regulará la ZBE de La Calzada. La aprobación inicial comenzará con su paso por la Comisión de Seguridad y Tráfico y posteriormente llegará al Pleno municipal, previsiblemente en septiembre. Tras el periodo de exposición pública y resolución de alegaciones, la aprobación definitiva se prevé para noviembre, con el objetivo de que la ordenanza quede publicada antes de finalizar 2026.
Aplicación gradual hasta 2029
El concejal detalló que la entrada en vigor será progresiva. Durante 2027 se desarrollarán campañas informativas para explicar el funcionamiento de la ZBE. En 2028 se habilitará el registro de vehículos y se enviarán avisos informativos a quienes accedan sin autorización, aunque sin carácter sancionador. El control efectivo y las posibles restricciones no entrarían en funcionamiento hasta 2029.
No obstante, Barcia condicionó la aplicación definitiva a que el Estado haya ejecutado para entonces la alternativa viaria comprometida para desviar el tráfico pesado que actualmente atraviesa La Calzada. En caso contrario, defendió que el Ayuntamiento debería retrasar la activación de las restricciones.
Restricciones vinculadas a episodios de contaminación
La ordenanza plantea un modelo flexible, ligado a los protocolos de contaminación atmosférica ya existentes en La Calzada. Las limitaciones de acceso solo se activarían cuando la Consejería de Medio Ambiente declare episodios de contaminación y dependerían de la gravedad de cada nivel.
Quedarán exentos de restricciones los servicios de emergencia, fuerzas de seguridad, residentes dentro del perímetro de la ZBE, titulares de plazas de garaje, trabajadores de la zona y personas con movilidad reducida, siempre mediante registro previo de sus vehículos.
Barcia insistió en que el sistema no se basará exclusivamente en las etiquetas ambientales de la DGT, sino en las circunstancias de cada usuario y en el motivo de acceso a la zona, con el objetivo de minimizar el impacto sobre vecinos, trabajadores y usuarios habituales del barrio.
Una obligación legal que el gobierno municipal cuestiona políticamente
El edil recordó que la implantación de las ZBE responde a una obligación derivada de la Ley de Cambio Climático para municipios de más de 50.000 habitantes. Aunque reconoció que el gobierno municipal debe cumplir esa exigencia legal, reiteró las reservas de su formación política sobre este tipo de medidas en territorios con fuerte actividad industrial y elevado tránsito de camiones, como es el caso de Gijón y, especialmente, de La Calzada.
La posición defendida por el ejecutivo local es que la ordenanza debe aplicarse con la máxima flexibilidad posible, priorizando la realidad socioeconómica del barrio y condicionando cualquier restricción efectiva a la reducción previa del tráfico pesado que atraviesa actualmente la zona.



