El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha salido al paso de las críticas recibidas por la suspensión temporal del proceso de adjudicación del Plan Llave, negando que se trate de un fracaso. Según ha explicado, la interrupción responde únicamente a un ajuste técnico y se ampliará el plazo de recepción de ofertas para permitir la participación de más constructoras.
Martínez Salvador ha recordado que “todo esto es una cuestión mínima de plazos” y ha defendido que el plan busca precisamente facilitar el acceso a la vivienda protegida a precios asequibles, garantizando que la promoción se pueda ejecutar con seguridad jurídica y económica. “Lo importante es que se construyan las viviendas y que la gente pueda tener una casa por debajo del precio del mercado”, afirmó.
Durante su intervención, el edil comparó la situación con otras promociones del Principado, apuntando que algunas viviendas públicas licitadas por la consejería competente en materia de vivienda tienen un coste de más de 240.000 euros, lo que, según sus cálculos, sitúa el metro cuadrado muy por encima del precio permitido a promotores privados en la vivienda protegida.
Frente a ello, defendió que el Plan Llave de Gijón limita el precio máximo de venta de la vivienda protegida a 155.000 euros para pisos de hasta 75 m², y que, además, se está incrementando el parque público municipal con nuevas viviendas destinadas al alquiler. “Aquí no se está haciendo negocio, se está trabajando para ofrecer viviendas a precios razonables. El problema es que la ideología no puede estar por encima del bienestar de los ciudadanos”, señaló.
Asimismo, acusó a la Consejería de Vivienda del Principado de “poner palos en las ruedas” al consistorio gijonés y de actuar como “el perro del hortelano”, al no facilitar alternativas ni colaborar en la cesión de suelo. También defendió la necesidad de revisar y actualizar el valor del módulo de la VPO de forma periódica, dado que lleva sin modificarse desde 2021.
En cuanto a los plazos, aseguró que la demora será mínima, y que se busca ajustar el pliego para que refleje con claridad qué valores de venta estarán vigentes en el momento de comercializar los pisos, que se espera sea en 2027.
Finalmente, insistió en que no se trata de un retroceso, sino de una corrección preventiva para garantizar la seguridad jurídica del procedimiento: “Mejor ajustar ahora que tener problemas dentro de un año y medio. Este mandato va a ser el que más vivienda protegida construya en Gijón en mucho tiempo”, concluyó.
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