La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada a la trata y explotación sexual de mujeres en varias ciudades españolas, incluida Gijón. La operación, que se ha saldado con cinco detenidos ha permitido liberar a 18 mujeres, la mayoría de nacionalidad colombiana, que eran forzadas a ejercer la prostitución en condiciones infrahumanas.
Las víctimas eran reclutadas en Colombia mediante engañosas promesas de empleo y una mejor vida en España. Una vez en el país, eran informadas de una supuesta deuda contraída con la red, que oscilaba entre los 3.000 y los 8.000 euros, y se les retiraba el pasaporte. Para saldar esta cantidad, se veían obligadas a ejercer la prostitución sin descanso, las 24 horas del día, los siete días de la semana. Cualquier negativa, incluso por motivos de salud, era respondida con violencia física.
La red operaba de forma itinerante en seis comunidades autónomas, gestionando pisos en ciudades como Gijón, Oviedo, Santander, A Coruña, Bilbao, San Sebastián, Pamplona y Burgos, entre otras. Las víctimas eran trasladadas periódicamente entre inmuebles, dificultando su arraigo y aumentando su aislamiento.
Los beneficios obtenidos por los servicios sexuales eran compartidos a partes iguales entre las mujeres y los responsables de la red, lo que impedía que las víctimas pudieran independizarse económicamente. Además, eran coaccionadas a consumir drogas para aumentar su rendimiento y se utilizaban sustancias estupefacientes como reclamo en los anuncios dirigidos a captar clientes.
Otro de los métodos utilizados por la organización incluía la apertura de cuentas bancarias a nombre de las mujeres, con las que los implicados movían el dinero de manera opaca. Durante la intervención policial se llevaron a cabo siete registros domiciliarios, donde se incautaron más de 12.000 euros en efectivo, documentación y teléfonos móviles. Asimismo, fueron bloqueadas diez cuentas bancarias vinculadas a la red.
La investigación se inició en septiembre de 2024 tras la denuncia de una de las víctimas. Gracias a su testimonio, los agentes pudieron reconstruir el entramado criminal, que había evolucionado en tres ramas con cierta autonomía pero colaboración mutua.
Dos de los arrestados en Gijón han ingresado en prisión provisional. Los inmuebles utilizados para la explotación han sido clausurados judicialmente.
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