Gijón incrementará el coste del transporte público urbano a partir del 1 de julio, tras confirmarse que el municipio no cumplirá los requisitos establecidos por el Ministerio de Transportes para seguir recibiendo subvenciones al transporte.
Esta situación, derivada de la falta de sanciones en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de La Calzada, supondrá la eliminación del actual descuento del 50 % en los bonos y abonos de EMTUSA.
El precio del viaje con bonobús pasará de los 0,38 euros actuales a los 0,75 euros previos a la implantación de las bonificaciones estatales. Este ajuste afectará directamente al grueso de usuarios del transporte urbano, ya que el 93 % de los viajes realizados en 2024 se hicieron mediante títulos de transporte bonificados.
El coste del bonobús para menores de 26 años y mayores de 65 años se duplicará de 0,35 a 0,70 euros, mientras que el bono social reducido subirá de 0,16 a 0,32 euros por trayecto. En el caso de los abonos mensuales, el precio se incrementará de 19,85 a 39,70 euros, y el abono anual pasará de 155,40 a 310,80 euros. Los títulos adquiridos antes del 1 de julio seguirán siendo válidos, y el billete ordinario mantendrá su precio en 1,50 euros.
Los usuarios que utilicen la tarjeta del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) seguirán beneficiándose de una tarifa bonificada de 0,45 euros por trayecto, ya que este organismo sí conservará el respaldo económico del Estado.
La decisión del Ayuntamiento de Gijón de no avanzar con un régimen sancionador en la ZBE de La Calzada ha sido interpretada como un incumplimiento por parte del Ministerio, lo que ha motivado la retirada de las ayudas. La alcaldesa, Carmen Moriyón, defendió la postura del gobierno local frente a lo que calificó como “chantaje” institucional, reafirmando que no cederán ante presiones externas.
Desde la oposición, los grupos del PSOE, IU y Podemos han criticado duramente la gestión del gobierno municipal por esta pérdida de fondos. Los socialistas presentarán una propuesta en el Pleno para mantener los descuentos con cargo al remanente de tesorería. IU acusa al Ejecutivo local de actuar por intereses ideológicos, y Podemos advierte que la verdadera solución pasa por cumplir con las directrices nacionales y europeas en materia de movilidad.
Vox, por su parte, considera que el fin de las ayudas demuestra el fracaso del anterior modelo de movilidad promovido por la izquierda, al que califica de “falso-ecologista”.
El debate se trasladará al próximo Pleno municipal, donde se abordarán tanto las consecuencias económicas para la ciudadanía como las posibles alternativas para garantizar un transporte público asequible y sostenible.
